Antecedentes
El acceso a la justicia es tanto un derecho humano fundamental como un medio de aplicación de otros derechos humanos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define el acceso a la justicia como “la capacidad de las personas para buscar y obtener una vía de recurso a través de instituciones formales o informales de justicia, y de conformidad con las reglas sobre derechos humanos”.
Sin embargo, las necesidades y experiencias de justicia de las mujeres pueden ser diferentes a las de los hombres debido a mayores niveles de pobreza y a las dinámicas de poder en la familia y la comunidad.
Tal como lo señala la Recomendación general N.º 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos, en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos de la CEDAW (CEDAW GR 30) y la Recomendación general N.º 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia de la CEDAW (CEDAW GR 33), señalan un cambio de paradigma en la administración de justicia para las mujeres. Hacen hincapié en que la administración de justicia debe atravesar entornos de desarrollo, conflicto, periodo posterior al conflicto y otros contextos de crisis, porque las mujeres y las niñas corren el riesgo de sufrir violencia y otros tipos de violaciones en todos estos entornos.
El acceso igualitario a la justicia y al empoderamiento legal son bienes intrínsecos; también son componentes fundamentales del desarrollo inclusivo, la buena gobernanza, el desempeño de las políticas públicas y el Estado de derecho, como lo subraya la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El acceso igualitario a la justicia se reconoce cada vez más como una dimensión crítica del crecimiento inclusivo y como un medio para combatir la desigualdad. La incapacidad de acceder a los servicios de justicia (formales o a métodos alternativos de solución de controversias), así como la necesidad insatisfecha de encontrar asistencia jurídica gratuita, pueden ser el resultado de desventajas y pobreza y pueden a su vez, contribuir al aumento de estos fenómenos.
En resumen, los cuatro grandes desafíos de desarrollo que aborda el proyecto están relacionados con:
Reducción de la brecha en el acceso a la justicia a nivel municipal, disminuyendo el número de casos lleguen a los tribunales.
Mejora de las capacidades de las mujeres para que puedan participar de manera más activa en los procesos municipales de desarrollo.
Fortalecimiento del enfoque estratégico de largo plazo en los gobiernos municipales, con la institucionalización de los cambios mediante la promulgación de políticas públicas.
Transformación institucional de la SEGOB hacia un enfoque de gestión interno centrado en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres